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De forma resumida, diremos que un concurso de acreedores es un procedimiento judicial consistente en la solución a las situaciones de insolvencia de las empresas y de las personas naturales. Esto se regula en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Pero, ¿qué es y cuál es el objetivo concreto del concurso de acreedores? Si quieres descubrirlo, ¡sigue leyendo para no perdértelo! A continuación, te lo contamos.
Cabe destacar que el concurso de acreedores no es el primer procedimiento judicial en España con estas características. Previamente, estaba la suspensión de pagos y la quiebra, pero ambos quedaron sustituidos por el procedimiento del que hablamos en este artículo.
A través del procedimiento judicial se paralizan las ejecuciones y apremios que van contra el patrimonio del deudor. Entendemos “apremio sobre el patrimonio” como un medio de ejecución forzosa utilizado por la Administración Pública que sirve para liquidar los bienes de la persona que no haya cumplido con los pagos de las deudas.
Con un concurso de acreedores, se pueden dar dos situaciones:
Como ya hemos adelantado, el concurso de acreedores es un procedimiento judicial que tiene como finalidad resolver los problemas de insolvencia de, normalmente, una sociedad. Esta insolvencia puede ser causada por deudas, por falta de liquidez o por una minusvaloración de los activos.
Se busca llegar a un acuerdo o a un convenio con los acreedores, por lo que se puede pactar un aplazamiento de la deuda (denominado como espera) o una disminución de la misma (lo que se conoce como quita).
Si no se llega a un acuerdo, la Ley prevé un procedimiento para la liquidación del activo de la sociedad, como ya adelantamos. Posteriormente, se reparte el resultado entre distintos acreedores.
El concurso de acreedores ofrece varias ventajas que aseguran la continuidad de la empresa, como son las siguientes:
Los requisitos necesarios para poner en marcha un concurso de acreedores vienen recogidos en la Ley Concursal, Ley 22/2003, que ha sido modificada por el Real Decreto Ley 3/2009 y la Ley 38/2011.
En estas leyes se establecen los términos para solicitar el concurso, que dicen que puede hacerlo tanto una persona física como jurídica. De todas maneras, en España se dan más casos de de empresas y no particulares en cuanto a concursos de acreedores.
Además, hay que demostrar la situación de insolvencia, por lo que no es suficiente con tener un problema puntual de liquidez para afrontar el pago de deudas. Está claro que una empresa o persona es insolvente cuando no puede asumir sus gastos y deudas pero, ¿qué hay que tener para declararse insolvente en España?
En estos casos, los ingresos serán inferiores a los gastos, y habrá que aportar toda la documentación necesaria para acreditar los ingresos, los gastos, los patrimonios, los embargos y las deudas.
Ya hemos dicho que las empresas pueden acogerse al concurso de acreedores cuando son insolventes, donde el deudor o uno de los acreedores solicitará el procedimiento concursal, pero los particulares y autónomos han de atenerse a la Ley de Segunda Oportunidad.
Hay dos maneras de solicitar el concurso. Por un lado, de forma voluntaria y, por otro, de parte de los socios o acreedores.
De todas maneras, se solicite de forma voluntaria o de la mano de uno de los socios o acreedores, lo ideal es contar con un abogado especialista en materia concursal, que asesorará en el trámite.
Dentro de un concurso de acreedores, se llevan a cuatro cuatro fases: fase común, fase de convenio, fase de liquidación y fase de calificación.
La fase común es la primera fase del procedimiento concursal, y tiene otras partes a su vez:
En esta fase se reciben las propuestas del acuerdo o convenio que el deudor y cualquier socio o acreedor presente. Las propuestas serán de quita o espera, disminución y aplazamiento respectivamente.
Los acreedores votarán la propuesta que más favorece sus intereses, y se aprobará aquella que obtenga la mayoría suficiente.
La fase de liquidación se da cuando no se han presentado propuestas de convenio, aunque también se puede dar si no han sido aprobadas por las mayorías requeridas.
En el momento en que se inicia esta fase, el deudor pierde todas sus facultades de administrar y gestionar. Esas facultades las adquiere el administrador concursal. Pero, ¿qué entendemos por liquidación? Nos referimos a vender todos los bienes del deudor, para así pagar la mayor deuda posible, siguiendo el orden que marque la ley, ya que esta establece una prioridad.
En la fase de calificación se hace una reflexión acerca del concurso de acreedores, para catalogarlo como fortuito o como culpable. Si el concurso se considera culpable será porque se aprecia dolo o culpa grave del deudor en la generación de insolvencia.
Y, en caso de que el concurso sea declarado como culpable, los afectados serán inhabilitados para administrar bienes ajenos. Además, deberán devolver los bienes o los derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor, así como deberán indemnizar por los daños causados.
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