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La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define el término migrante de la siguiente manera:
“Término genérico no definido en el derecho internacional que, por uso común, designa a toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y por diversas razones.
Este término comprende una serie de categorías jurídicas bien definidas de personas, como los trabajadores migrantes; las personas cuya forma particular de traslado está jurídicamente definida, como los migrantes objeto de tráfico; así como las personas cuya situación o medio de traslado no estén expresamente definidos en el derecho internacional, como los estudiantes internacionales.”
A menudo surge la siguiente duda: ¿de qué derechos gozan los migrantes? A continuación, te contamos cuáles son estos derechos.
Los derechos de los migrantes son aquellos que se encuentran explícita o implícitamente en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho público.
La medición de los derechos del migrante a través de la aplicación exclusiva del enfoque basado en los derechos humanos (que solo tiene en cuenta los instrumentos internacionales de los derechos humanos), no abarca todos los derechos a los que se pueden acoger.
Por el contrario, la aplicación del enfoque que se basa en los derechos, conlleva el reconocimiento de que los derechos del migrante se confieren, sobre todo, en virtud del derecho de los derechos humanos pero, también, de acuerdo a los tratados de otras ramas del derecho público internacional. Estas son:
Los derechos de los migrantes varían en función de la razón por la que migran: por trabajo, estudios, reunificación familiar, por situación de riesgo o por probar suerte. De todas formas, te contamos algunos ejemplos generales de derechos del migrante.
Se trata del vínculo jurídico entre el Estado y las personas, y aporta pertenencia e identidad. Además, el Estado así otorgará protección, bien en su territorio o bien fuera de él.
Se puede circular libremente por el territorio, sin que esto se vea restringido por alguna ley o razones de interés público.
Independientemente del origen étnico, nacional o de la situación migratoria, se tiene derecho a las formalidades esenciales en todo proceso administrativo o judicial.
Si se detiene a una persona extranjera en el territorio, la autoridad del Estado tiene la obligación de comunicar su derecho a contactar con la autoridad consular de su país de origen, y de facilitar tal comunicación.
Se prohíbe toda discriminación por razones de etnia, raza, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, ideología, sexualidad, estado civil…
Toda persona extranjera, por motivos de orden político, tiene derecho a solicitar asilo.
Se tiene derecho a preservar y garantizar la unidad y/o reunión familiar. Sobre todo si se trata de niños y adolescentes.
Ser migrante no devalúa a un ser humano, así que serlo no significa un riesgo de abuso de sus derechos humanos, ni alteraciones a su integridad, patrimonio y libertad.
En caso de que el ingreso en el país no fuera formal, se trataría como una infracción administrativa, pero en ningún caso se podrá considerar una infracción ilícita penal.
Por su dignidad como personas, los migrantes deben recibir un alojamiento digno, que cubra ciertas exigencias y necesidades. Además, el trato de las autoridades siempre tiene que ser adecuado y respetuoso.
No se les puede negar, a los migrantes, las llamadas telefónicas, las visitas de familiares, organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos.
En caso de que la persona migrante no hable o no entienda el idioma del país, las autoridades migratorias tienen que aportar un intérprete o traductor.
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