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Los beneficios fiscales corresponden a todas las ventajas tributarias que hacen pagar menos impuestos al contribuyente. Bien sea que se trate de una persona física o jurídica. Estos beneficios se aplican mediante:
Los beneficios fiscales son de naturaleza, tanto estatal como autonómica. Y, representan un incentivo para que los contribuyentes realicen ciertos gastos, esperando recibir el beneficio fiscal. En este sentido, son populares las deducciones otorgadas por invertir en vivienda o por maternidad.
Todos los españoles tenemos responsabilidades fiscales que cumplir desde el punto de vista legal. Y, los beneficios sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son los más comunes, ya que atañen a mayor cantidad de personas. Si consideramos estos aspectos fundamentales, es claro que a todos los españoles nos afecta, tanto las obligaciones como los beneficios fiscales a los que podemos sacarle partido.
Para el IRPF encontramos diferentes beneficios fiscales asociados con una determinada actividad, condición de un individuo o colectivo. Como, por ejemplo:
La política fiscal es la herramienta con la que cuentan las Administraciones para modular las actuaciones en el territorio español. Y, los beneficios fiscales incentivan al contribuyente a estar al corriente con sus impuestos, premiándolos o compensándolos en situaciones determinadas.
Otro objetivo fundamental de los beneficios fiscales es trasladar a la participación privada ciertas actividades asistenciales. Como las deducciones por donativos, para que las ONGs presten servicios a los más necesitados.
Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), menciona que algunos beneficios fiscales no cumplen su función cabalmente. Es decir, que no llenan las expectativas iniciales con las que fueron creados.
Un ejemplo claro de ello son las reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social (planes de pensiones, mutualidades, etc.) en el IRPF. El cual falla al momento de incentivar el ahorro a largo plazo de forma general.
Obviamente, el ahorro del ciudadano o la empresa se traduce en un elevado coste para las arcas del Estado. Que podría perder, en recaudaciones, el ingreso de miles de millones cada año. Estos ingresos “perdidos” o “coste de oportunidad en términos recaudatorios”, influyen en la eficiencia de los beneficios fiscales.
En algunos beneficios fiscales se genera una distorsión en la equidad del sistema tributario. Por ejemplo, si consideramos los planes de pensiones privados, el beneficio fiscal termina ayudando esencialmente a las rentas más altas. Para las rentas más bajas, se dificulta reservar una parte de sus recursos para ahorrar en un plan de pensiones.
En definitiva, para que este beneficio fiscal cumpla con las expectativas, las aportaciones a planes de pensiones requieren más que el incentivo fiscal en sí. Es decir, también hace falta que permitan acceder a capacidad de ahorro.
Lo mismo pasa con los tipos reducidos de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Es decir, presentan inequidad y, por lo tanto, fracasan desde el punto de vista distributivo. Viéndolo en la práctica, al disminuir los impuestos al consumo, se beneficia esencialmente a las rentas altas. Ya que éstas son las que más gastan.
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