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La propiedad industrial regula los derechos sobre determinadas invenciones o creaciones inmateriales en el mundo de la industria. Brinda la oportunidad de obtener derechos exclusivos sobre las creaciones protegidas, que se mantienen como derechos de propiedad genuinos. Estos derechos permiten a su titular decidir quién puede utilizar una creación y cuándo.
Los derechos de propiedad industrial son otorgados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es el organismo estatal competente encargado de proteger estos derechos a nivel nacional.
Si quieres conocer más acerca de la propiedad industrial, ¡sigue leyendo para no perdértelo! A continuación, te contamos todo lo que debes saber.
En España existen diferentes tipos de derechos de propiedad industrial en función de las creaciones a proteger. Las principales categorías de creación son:
La protección de la propiedad industrial no cubre las creaciones que reflejan la personalidad de su creador pero que no son producidas en masa o a nivel industrial: las llamadas “creaciones únicas”.
La propiedad industrial, además, no cubre los métodos matemáticos, las teorías científicas o los procedimientos relacionados con la clonación o la modificación genética de seres humanos, aunque estos dos últimos procedimientos están, de hecho, protegidos en el caso de las plantas.
Una patente es un título otorgado por un órgano administrativo estatal que reconoce que el titular de la patente tiene la autoridad sobre una creación, el monopolio sobre su uso y el derecho exclusivo a su explotación.
Esto otorga al titular el derecho exclusivo a la explotación de esa creación: es decir, el derecho exclusivo a producir, vender o utilizar de otro modo la creación dentro de los límites geográficos específicos.
Este monopolio pertenece exclusivamente a la persona física que presenta la solicitud de patente, ya sea el creador directo o simplemente el solicitante (puede ser una persona, empresa o institución).
El monopolio tiene una duración determinada que varía en función de la normativa. En España, como en la mayoría de países, la patente tiene una duración de veinte años improrrogables que se cuentan a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente. Entra en vigor a partir de la fecha en que se concede públicamente la patente.
Para obtener una patente, una invención técnica debe cumplir con una serie de condiciones: la invención debe ser útil, novedosa, involucrar un elemento de inventiva y ser considerada un material patentable.
Un modelo de utilidad es un título otorgado por un órgano administrativo estatal. Al igual que una patente, reconoce la autoridad del solicitante sobre su invención, su monopolio sobre su uso y su derecho exclusivo a explotarlo.
Aunque las patentes y los modelos de utilidad son muy similares, los modelos de utilidad se utilizan generalmente para proteger creaciones que son de naturaleza menos inventiva que las protegidas por patentes, y para creaciones más pequeñas que pueden no cumplir con todos los criterios antes mencionados para obtener una patente. Los modelos de utilidad a menudo se denominan “pequeñas patentes”.
Los modelos de utilidad brindan un período de protección más corto que las patentes y la duración de este período variará de un país a otro. En España, la protección que proporciona un modelo de utilidad tiene una duración de 10 años, mientras que la protección de una patente tiene una duración de 20 años.
Los requisitos que se deben cumplir para obtener un modelo de utilidad son menos estrictos que los que regulan las patentes. Sin embargo, para obtener un modelo de utilidad, las creaciones deben seguir siendo útiles, prácticas e innovadoras por naturaleza.
El diseño industrial se refiere a un tipo de innovación basada en la forma que se aplica a la apariencia de un producto en sí mismo y a sus características decorativas. El diseño industrial protege la forma externa de una creación más que su aspecto técnico. Estos diseños pueden tomar la forma de:
Una vez registrada la protección, ésta tiene una vigencia de cinco años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. El período de protección es renovable por una serie de períodos de cinco años hasta un máximo de 25 años.
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