La prevaricación: un delito de candente actualidad

Este tipo de delito ocurre cuando una autoridad pública bien sea, Juez, funcionario, fiscal, diputado, entre otros, cometen irregularidades que atentan contra el correcto funcionamiento de la administración pública y de la ciudadanía en general.

De esta forma este delito tiene lugar cuando alguna de las instancias mencionadas anteriormente dicta una sentencia o resolución a sabiendas de que es contraria a la ley o injusta.

Según lo establecido en la Constitución española, los empleados administrativos del gobierno deben ejercer sus labores en pro de los intereses generales de la comunidad, y en concordancia con los preceptos establecidos por la Ley.

En ese sentido, el delito de prevaricación es sancionado por el derecho penal, el cual es el encargado de velar por la protección de los ciudadanos, así como de la administración del Gobierno español.

Tipos de prevaricación

En el Código penal español, existen diferentes tipos de prevaricación, entre los cuales se encuentran:

• Prevaricación administrativa
• Prevaricación de nombramiento ilegal
• Prevaricación judicial

Prevaricación administrativa

Este tipo de prevaricación se produce, cuando una autoridad pública, o funcionario público, se encarga de dictar una resolución arbitraria respecto a un asunto administrativo, la cual afecta a los derechos de los ciudadanos en general.

Prevaricación por nombramientos ilegales

Este tipo de prevaricación se comete cuando, un funcionario o autoridad pública en pleno ejercicio de sus funcionesnombra o propone a alguien en un cargo público, que no cumple los requisitos establecidos en la Ley de Administración.

Tal abuso de competencia, es sancionado estrictamente de forma legal.

Prevaricación judicial

Este tipo de prevaricación es el más conocido.

Lo mismo ocurre cuando un Juez o Magistrado, incurre en un comportamiento ilícito en sus funciones.

El delito por prevaricación judicial se produce cuando el magistrado dicta una sentencia injusta y alejada de la Ley.

Además es importante señalar, que cuando un Juez retrasa una tramitación judicial sin justificación alguna o se niegue a juzgar una causa, estos constituyen delitos por prevaricación judicial.

¿Dónde se encuentra regulada la prevaricación?

Los delitos que se ejecutan en contra de la Administración Pública, se encuentran contemplados en el Título IX, del Código penal español.

Estos delitos anteriormente fueron llamados como, “Delitos de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos”.

En el Capítulo I, del Título IX del Código penal (Artículo 404), acerca de la “Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos”, se encuentran regulados la mayor parte de los delitos por prevaricación

¿Cuál es el sujeto activo de un derecho de prevaricación?

Debido a que el delito por prevaricación es especial, no todos los trabajadores públicos incurren en el mismo.

Este tipo de delito suelen cometerlo, los: Jueces, Diputados al congreso, miembros del Senado, miembros del parlamento europeo y miembros autonómicos (Artículo 24 del Código Penal).

¿Cuáles son los requisitos para que se dé la prevaricación?

Para que se desencadene este tipo de delito, se requiere:

• Debe existir una resolución administrativa expresa o de manera tácita; esto quiere decir, que debe efectuarse un acto administrativo que tenga una declaración de voluntad.
• La arbitrariedad que se expresa en el artículo 404 del Código penal debe ser objetiva y grave.
• Esta contrariedad o arbitrariedad debe ser notable, flagrante y clamorosa. La absoluta carencia de competencia de un determinado funcionario público para ejecutar o dictar una resolución, podría resultar como una decisión arbitraria.
• Uno de los requisitos notables para definir el delito de prevaricación, es el referente a la resolución arbitraria dictada por un trabajador público, aun a sabiendas que es una resolución injusta. Aquí el legislador introdujo un elemento en el ámbito del “dolo”. (La frase “ a sabiendas”, representa un dolo directo). En ese sentido el mencionado legislador o Juez, ha de tener conciencia y plena voluntad de dictar esta resolución arbitraria. Lo anteriormente expresado, es un hecho que implica la imperiosa necesidad de suprimir las resoluciones injustas que se hayan dictado por negligencia, imprudencia o en determinados casos, hayan sido redactadas con dolo pero no de manera directa, o de primer grado.
• Otra de los requisitos para que se de prevaricación es, la posible responsabilidad civil también llamada disciplinaria, la cual sea producto de la conducta de un funcionario o Juez que actúa de manera ilegal.