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Los conflictos relacionados con los alquileres son cada vez más frecuentes. Retrasos en los pagos, impagos, ocupaciones o incumplimientos del contrato pueden acabar en un proceso de desahucio, una situación delicada tanto para el propietario como para el inquilino. Contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho inmobiliario es fundamental para actuar conforme a la ley y proteger los derechos de cada parte.
Un desahucio es un procedimiento judicial mediante el cual el propietario recupera la posesión de una vivienda o local arrendado. La causa más habitual es el impago del alquiler, aunque también puede producirse por otros motivos, como el fin del contrato, la ocupación sin título o el uso indebido de la propiedad.
Antes de iniciar un proceso de desahucio, el arrendador debe haber cumplido con todas sus obligaciones legales: contrato formalizado, comunicación adecuada y respeto a los plazos que marca la ley. El procedimiento se inicia con una demanda presentada ante el juzgado competente, normalmente el del lugar donde se ubica la vivienda.
Existen diferentes tipos de desahucio según el motivo y la situación del arrendamiento.
Es el más común. Ocurre cuando el inquilino deja de abonar el alquiler o los suministros pactados. La ley permite reclamar no solo las mensualidades pendientes, sino también los intereses y los gastos derivados del impago. Si el inquilino no paga ni abandona el inmueble tras recibir el requerimiento judicial, el juez puede dictar lanzamiento y ordenar el desalojo.
Cuando el contrato llega a su término y el arrendatario no abandona la vivienda, el propietario puede iniciar el procedimiento para recuperar su propiedad. En este caso, no es necesario que haya impago, basta con demostrar que el contrato ha vencido y no se ha renovado.
En los casos de ocupación sin contrato o sin consentimiento del propietario, el procedimiento es diferente. La Ley 5/2018 permite un proceso más ágil, especialmente para particulares, administraciones o entidades sin ánimo de lucro, siempre que se acredite la titularidad de la vivienda.
El proceso judicial de desahucio sigue una estructura concreta que debe respetarse en todo momento.
En muchos casos, un abogado especializado puede lograr acuerdos extrajudiciales que eviten llegar a esta fase final, ahorrando tiempo, dinero y desgaste emocional a ambas partes.
El arrendamiento implica derechos, pero también responsabilidades.
El equilibrio entre ambas partes es clave para evitar conflictos. Un contrato bien redactado, asesorado por un abogado, puede prevenir muchos de los problemas que derivan en desahucios.

La legislación actual contempla medidas especiales en casos de vulnerabilidad social o económica. Si el inquilino se encuentra en una situación difícil, los servicios sociales pueden intervenir para proponer soluciones, aplazamientos o alternativas habitacionales.
No obstante, estas medidas deben solicitarse y acreditarse adecuadamente, y no paralizan el derecho del propietario a recuperar su vivienda, sino que buscan un equilibrio entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda.
Tanto para propietarios como para inquilinos, contar con asesoramiento jurídico profesional es esencial. Un abogado experto en desahucios y arrendamientos puede:
Cada caso requiere un estudio individualizado. Un enfoque profesional y humano puede marcar la diferencia entre un conflicto largo y una solución rápida y justa.
El desahucio no es solo un procedimiento jurídico: implica emociones, vivienda y estabilidad. Por eso, la intervención de un despacho de abogados especializado no solo garantiza que se cumpla la ley, sino que también aporta claridad, empatía y soluciones realistas.
En un contexto en el que los conflictos por alquiler son cada vez más comunes, la prevención y la mediación legal siguen siendo las mejores herramientas para proteger los derechos de todos.
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