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Tener un abogado de derecho familiar que lo guíe a través de los asuntos familiares más complejos puede ayudarte considerablemente.
De hecho, contratar a un abogado de familia profesional es algo más común de lo que parece. Pues, este brinda un óptimo asesoramiento legal sobre herencias, divorcios, custodia de los hijos y otros derechos de los miembros de una familia.
Siga leyendo y conozca los problemas familiares más comunes que un abogado de familia puede resolver:
Los divorcios es uno de los casos de derecho familiar más frecuentes. Un desencadenante común del divorcio suele ser la falta de comunicación entre el cónyuge y los miembros de la familia, convirtiendo el proceso en una guerra y complicando todo el proceso aún más.
Por lo tanto, es crucial elegir un abogado familiar que ayude a gestionar el procedimiento para que sea lo más sencillo y justo posible.
Todo padre tiene una serie de derechos y obligaciones que cumplir con sus hijos menores. Pues, además de cuidar a los niños, también deben protegerlos, alimentarlos y brindarles una educación integral.
Esto conlleva que ambas figuras parentales estén involucradas en el crecimiento, desarrollo y educación de los hijos.
Asimismo, cuando se produce el divorcio, es obligatorio que sigan ejerciendo su autoridad paterna. Sin embargo, existen casos en los que el Tribunal otorga dicha responsabilidad a solo un padre.
En la separación de padres, la custodia de los hijos puede ser dada a uno de los padres y, mayoritariamente, es dada a la madre.
No obstante, se puede otorgar a ambos bajo la custodia compartida. En cualquier caso, la justicia considerará el interés del niño, es decir, el tipo de tutela que mejor salvaguarde el bienestar del menor.
La pensión alimenticia es otro de los casos más frecuentes que abordan los abogados de familia. Pues, cuando los padres están separados y un Tribunal determina la custodia de los niños a uno de ellos, el otro tiene que mantener a los menores mediante una pensión que abarca más que comida.
Esto requiere considerar también la salud y educación de los hijos. Por tanto, el juez exigirá un pago mensual a cada uno de los hijos, cuya cantidad dependerá del hijo y de los ingresos que cada cónyuge.
No obstante, en los casos de custodia compartida, no se requiere pensión alimenticia. De este modo, cada cónyuge contribuirá a los gastos de los hijos mientras conviven.
El matrimonio suele ser el tipo de unión más común en España, sin embargo, cada vez son más las parejas que se suman a formalizar su relación como parejas de hecho.
Las parejas de hecho tienen derechos muy similares a los matrimonios convencionales, aunque también diferencias.
Cuando uno de los cónyuges fallece y no hay testamento, los derechos sucesorios de la pareja estará ligado al lugar de residencia, puesto que le compete a la comunidad autónoma.
Cabe mencionar que la pareja del fallecido tendrá derecho a pensión por viudez siempre y cuando acredite cinco años de convivencia.
El acuerdo prematrimonial es utilizado para las personas que al casarse quieren asegurar el futuro de sus bienes en casos de divorcio o separación.
De este modo, pueden dejar establecida su separación en términos económicos o respecto a sus hijos.
Los regímenes económicos más frecuentes en España son: gananciales, separación de bienes y de participación.
Puesto que se fija previamente al matrimonio, la elaboración de las capitulaciones garantiza un pacto con objetividad y buena fe. Al mismo tiempo, esto hace que el divorcio y la liquidación del patrimonio sea más fácil.
Los conflictos por la distribución de los bienes heredados son frecuentes por falta de acuerdo entre los herederos. El problema más común ocurre cuando los herederos aceptan la herencia, pero no dividen ni otorgan bienes ni titularidades. En tales casos, es necesario iniciar procedimientos legales.
Es habitual que este tipo de procedimiento genere inconvenientes, por lo que es recomendable buscar el asesoramiento de un abogado profesional para evitar conflictos.
La tutela se define como la autoridad otorgada por la ley a un adulto para cuidar a un menor o un adulto con discapacidad.
El tutor debe ser designado por un juez para asumir la responsabilidad. Sin embargo, esta responsabilidad vence cuando el menor alcanza la mayoría de edad. Asimismo, puede concluir con una resolución judicial.
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