Responsabilidad patrimonial de la administración por funcionamiento anormal

La administración pública está sujeta a una serie de principios esenciales que aseguran el derecho de los habitantes a ser compensados por las pérdidas que padezcan debido a la falta de funcionamiento de los servicios públicos. Este sistema salvaguarda a los particulares frente a las acciones u omisiones de la Administración que dañan de manera indebida, y genera una administración pública responsable y eficaz. En el artículo, analizaremos las bases jurídicas, los requerimientos necesarios para demandar y el procedimiento para conseguir una compensación.

1. Concepto y base legal de la responsabilidad patrimonial

¿Qué es la responsabilidad patrimonial?

La responsabilidad patrimonial es la obligación de la administración pública de reparar los daños y perjuicios causados a los ciudadanos como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de sus servicios.

Fundamento legal

Este principio se encuentra recogido en:

• Constitución Española (artículo 106.2): Reconoce el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por daños que provengan de actos u omisiones de la administración.
• Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Regula los procedimientos para la reclamación de esta responsabilidad.
• Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público: Define las bases de la responsabilidad patrimonial.

2. Requisitos para reclamar responsabilidad patrimonial

Para que una reclamación de responsabilidad patrimonial sea admitida, deben cumplirse ciertos requisitos esenciales:

1. Daño efectivo y evaluable

El ciudadano debe demostrar que ha sufrido un perjuicio real, ya sea económico o personal. No se admitirán reclamaciones basadas en daños hipotéticos o futuros.

2. Relación de causalidad

Es imprescindible establecer un vínculo directo entre el mal funcionamiento del servicio público y el daño sufrido. Sin esta conexión causal, la reclamación no procederá.

3. Funcionamiento anormal del servicio

Debe probarse que la administración actuó de manera negligente, ineficiente o irregular, incumpliendo sus obligaciones legales o administrativas.

4. Ausencia de fuerza mayor

Si el daño fue causado por circunstancias imprevisibles o inevitables fuera del control de la administración, esta quedará exenta de responsabilidad.

3. Procedimiento para reclamar indemnización

El proceso para reclamar la responsabilidad patrimonial de la administración consta de varias etapas:

1. Presentación de la reclamación

La reclamación debe presentarse ante el órgano administrativo responsable del servicio que causó el daño. Es fundamental incluir:

• Identificación del reclamante.
• Descripción detallada de los hechos.
• Justificación del daño sufrido.
• Pruebas que demuestren la relación causal.
• Cuantificación de la indemnización solicitada.

2. Plazo para reclamar

El plazo general para presentar la reclamación es de un año desde que el ciudadano tiene conocimiento del daño o desde que éste se materializa.

3. Tramitación del expediente

La administración iniciará un expediente administrativo para investigar los hechos y determinar si procede la indemnización. Durante este proceso, se pueden solicitar informes periciales y documentación adicional.

4. Resolución

La administración debe emitir una resolución expresa en un plazo de seis meses. Si no lo hace, se considera silencio administrativo y el reclamante puede acudir a la vía judicial.

4. Ejemplos comunes de responsabilidad patrimonial

Accidentes en la vía pública

Un ciudadano puede presentar una reclamación si resulta herido en un accidente debido a la falta de mantenimiento de calles/carreteras/aceras propiedad del organismo gubernamental (incluidos baches o pavimento roto).

Errores médicos en la salud pública

Los pacientes pueden solicitar una indemnización en caso de diagnósticos incorrectos, tratamientos negligentes o errores quirúrgicos cometidos en hospitales públicos.

3. Daños por obras públicas

Si una construcción o reparación realizada por la administración genera daños en propiedades privadas, los afectados tienen derecho a reclamar.

4. Incumplimiento de plazos administrativos

Cuando la administración no resuelve solicitudes o procedimientos en los plazos establecidos, ocasionando perjuicios económicos o personales, el ciudadano puede exigir indemnización.

5. Resolución de conflictos y vía judicial

Agotamiento de la vía administrativa

Antes de acudir a los tribunales, es obligatorio agotar el procedimiento administrativo, obteniendo una resolución expresa o un silencio administrativo.

Demanda contencioso-administrativa

Si el ciudadano no está conforme con la resolución, puede presentar una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Es recomendable contar con el apoyo de un abogado especializado.

Plazo para interponer demanda

El plazo para recurrir a la vía judicial es de dos meses desde la notificación de la resolución administrativa o desde el silencio administrativo.

6. Consejos prácticos para reclamar

1. Documenta el daño: Guarda evidencias como fotografías, informes médicos, facturas o testimonios.
2. Consulta a un experto: Un abogado especializado puede guiarte en el proceso y maximizar las posibilidades de éxito.
3. Cumple los plazos: Respeta los tiempos establecidos para evitar la desestimación de la reclamación.
4. Sigue la vía administrativa: Completa el procedimiento administrativo antes de acudir a los tribunales.

La responsabilidad inherente a la administración pública es un derecho que debe proteger a los ciudadanos de las vicisitudes que puedan sobrevenir como consecuencia de un mal desempeño en la prestación de los servicios públicos. El conocimiento de las necesidades, el procedimiento y las posibles soluciones harán que la adecuada sea eficaz. Ésta podrá incluso, con la colaboración de profesionales autorizados, tener la oportunidad de obtener una resolución positiva y una indemnización adecuada.