Ley del “solo sí es sí”: claves legales y su impacto en el Código Penal

La Ley Orgánica 10/2022, conocida como la Ley del “solo sí es sí”, supuso una de las reformas más mediáticas del Código Penal español en los últimos años. Su objetivo principal era reforzar la protección de las víctimas de violencia sexual, unificando los delitos de abuso y agresión bajo un único concepto: el consentimiento.
Sin embargo, su aplicación práctica ha generado un intenso debate jurídico y social, con consecuencias legales que han llegado incluso a revisiones de condenas ya firmes.

Qué cambia con la Ley del “solo sí es sí”

Antes de esta ley, el Código Penal diferenciaba entre abuso sexual (sin violencia ni intimidación) y agresión sexual (cuando existían estas circunstancias). La nueva norma elimina esa distinción, de modo que todo acto sexual sin consentimiento expreso se considera agresión sexual.

Este cambio busca colocar el foco en el consentimiento de la víctima, y no en la existencia de violencia o resistencia. En palabras del propio texto legal, “solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias, expresen de manera clara la voluntad de la persona”.

Unificación de delitos y nuevas penas

La ley establece una escala única de penas para las agresiones sexuales, adaptada a la gravedad de los hechos, la edad de la víctima o la existencia de agravantes. Sin embargo, una de las mayores controversias surgió porque algunas penas mínimas resultaron inferiores a las anteriores, lo que permitió solicitar revisiones de condenas bajo el principio penal de retroactividad favorable.

Esto provocó que muchos tribunales tuvieran que revisar sentencias ya firmes, reduciendo la pena de algunos condenados. Un efecto no deseado que obligó a una posterior reforma técnica para corregir esas inconsistencias.

El consentimiento como eje central

La base de esta ley es el concepto de consentimiento. La intención es clara: pasar de una visión centrada en la víctima (y su resistencia) a una visión centrada en la libertad sexual y en la voluntad de las personas involucradas.
El consentimiento debe ser afirmativo y expreso, no se presume ni se deduce del silencio o la falta de resistencia.

Implicaciones prácticas

En la práctica, este cambio obliga a los tribunales a analizar de forma más exhaustiva las circunstancias del caso. Se valora el contexto, la relación entre las partes, la comunicación previa y la existencia de cualquier elemento que permita inferir si hubo o no un consentimiento claro.
Además, la ley introduce medidas complementarias, como la formación obligatoria en igualdad y violencia sexual para jueces, fiscales y personal sanitario, y refuerza los recursos de apoyo a las víctimas.

Críticas y controversias jurídicas

Pese a sus buenas intenciones, la Ley del “solo sí es sí” generó una fuerte polémica en el ámbito jurídico. La principal crítica fue la falta de previsión de sus efectos prácticos: la rebaja de penas por retroactividad y la inseguridad jurídica que provocó en algunos procesos.
Muchos profesionales del derecho coincidieron en que la redacción de los artículos del Código Penal resultaba ambigua, dejando un margen interpretativo amplio que no siempre beneficiaba a las víctimas.

También se cuestionó la falta de coordinación entre los órganos legislativos y judiciales en la aplicación de la norma, lo que llevó a pronunciamientos distintos según el tribunal.

Reformas y ajustes posteriores

Ante la polémica, el legislador aprobó en 2023 una reforma correctiva para ajustar las penas y clarificar los tipos penales. El objetivo fue mantener la esencia de la ley —el consentimiento como eje central— pero sin que las condenas anteriores se vieran afectadas por reducciones automáticas.

A día de hoy, los tribunales aplican una versión más equilibrada de la norma, pero la discusión jurídica sigue abierta. Se han planteado cuestiones sobre la proporcionalidad de las penas, la definición práctica del consentimiento y el impacto de la ley en la carga probatoria.

Cómo afecta a las víctimas y a los procesos judiciales

Uno de los puntos positivos de la ley es que ha contribuido a visibilizar la importancia del consentimiento y a ofrecer una respuesta más integral a las víctimas.
Se han mejorado los mecanismos de asistencia, la coordinación entre administraciones y la atención especializada en los juzgados de violencia sexual.
Sin embargo, también ha incrementado la necesidad de contar con una defensa técnica especializada, tanto para víctimas como para acusados, debido a la complejidad interpretativa del texto legal.

La importancia de una asesoría jurídica experta

Ante una ley tan mediática y compleja, la figura del abogado especializado resulta esencial. No solo para garantizar el derecho a la defensa, sino también para interpretar correctamente cada caso a la luz de los nuevos criterios legales.
La reforma ha modificado la forma en que se instruyen los procedimientos, se evalúan las pruebas y se determinan las penas, por lo que el acompañamiento jurídico es fundamental en cualquier fase del proceso.

Una ley que marcó un antes y un después

La Ley del “solo sí es sí” ha supuesto un punto de inflexión en la forma de entender los delitos sexuales en España. Pese a sus controversias, ha contribuido a centrar el debate en el respeto al consentimiento y en la protección de la libertad sexual.
Como toda norma viva, seguirá evolucionando con la jurisprudencia, la práctica judicial y el análisis crítico de los profesionales del derecho. Lo importante es que el sistema jurídico mantenga el equilibrio entre la protección de las víctimas, la seguridad jurídica y la justicia efectiva.