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Cuando un menor infringe una ley, el procedimiento judicial que se inicia es distinto al que utilizan los mayores. La administración de la justicia juvenil tiene como objetivo primordial considerar la edad y el desarrollo del menor. El profesional que asiste al cliente juega un rol importante en esta actividad, ya que garantiza los derechos del menor y asegura que se desarrollen procedimientos justos y legítimos. En el artículo, analizaremos la manera en la que se produce el procedimiento legal que corresponde a una infracción cometida por un menor, el rol del profesional de la ley y las posibilidades de reemplazo a la aprisionamiento.
En el momento en que un menor es arrestado por la policía a causa de la presunta comisión de un delito, el primer paso es comunicar de manera inmediata a los familiares del menor o bien a los padres o bien al tutor. La legislación solicita a los papás que se informen para prevenir que el menor esté solo en el momento en que inicia.
Luego de la prisión, los individuos serán examinados por un experto para precisar los eventos del caso. Esta etapa es posible que requiera de entrevistados, gathered evidence y, en ciertas ocasiones, un análisis psicológico de la menor con el fin de entender su condición de mente y corazón.
Durante la audiencia de aprisionamiento, el magistrat decide si el adolescente deberá ser alojado en un centro de menores o si por el contrario, es posible que lo dejen en manos de sus familiares. Las componentes como la gravedad de la infracción, el peligro de huida y el registro histórico de la menor van a influir en la elección.
En la audiencia inicial, el menor deberá ser consciente oficialmente de las acusaciones en su contra. Es una fase fundamental donde el profesional de la ley que representa los intereses de su cliente puede probar la fiabilidad de las pruebas y las acusaciones hechas.
Si el caso procede a juicio, se seguirá un proceso similar al de un juicio penal para adultos, pero con algunas diferencias clave diseñadas para proteger al menor. Esto incluye audiencias cerradas al público y procedimientos adaptados a la edad del menor.
El abogado defensor tiene la responsabilidad primordial de proteger los derechos del menor durante todo el proceso judicial. Esto incluye asegurar que el menor entienda sus derechos, como el derecho a permanecer en silencio y el derecho a un juicio justo.
El abogado defensor representa al menor en todas las audiencias y procedimientos judiciales. Esto incluye presentar argumentos en su nombre, cuestionar la validez de las pruebas y asegurar que el menor reciba un tratamiento justo y equitativo.
Además de la representación legal, el abogado defensor proporciona asesoramiento y apoyo emocional al menor y a su familia. Navegar por el sistema de justicia juvenil puede ser estresante, y el abogado defensor ayuda a explicar los procedimientos y las posibles consecuencias.
En muchos casos, el abogado defensor puede negociar acuerdos con la fiscalía para reducir los cargos o buscar alternativas a la detención. Estos acuerdos pueden ser beneficiosos para el menor, evitando un juicio prolongado y el posible impacto negativo de una condena.
Los programas de diversión son una alternativa a la detención que desvían a los menores del sistema judicial tradicional hacia programas diseñados para su rehabilitación. Estos programas pueden incluir asesoramiento, educación y servicios comunitarios.
La libertad condicional permite que el menor permanezca en la comunidad bajo la supervisión de un oficial de libertad condicional. Esto incluye el cumplimiento de ciertas condiciones, como asistir a la escuela, participar en programas de tratamiento y evitar comportamientos delictivos.
El tratamiento y el asesoramiento son fundamentales para abordar las causas subyacentes del comportamiento delictivo. Esto puede incluir terapia individual o familiar, tratamiento para el abuso de sustancias y programas educativos.
Los programas de justicia restaurativa se centran en la reparación del daño causado por el delito. Esto puede incluir la mediación entre el menor y la víctima, y actividades que beneficien a la comunidad. Estos programas buscan responsabilizar al menor mientras promueven su reintegración positiva en la sociedad.
El proceso legal para los menores infractores es complejo y está diseñado para equilibrar la responsabilidad y la rehabilitación. El abogado defensor juega un papel esencial en la protección de los derechos del menor, asegurando un proceso justo y buscando las mejores opciones para su rehabilitación. Las medidas alternativas a la detención, como los programas de diversión, la libertad condicional, y el tratamiento, son fundamentales para ayudar a los menores a superar sus errores y construir un futuro positivo.
En última instancia, el objetivo del sistema de justicia juvenil y del abogado defensor es ofrecer a los menores una segunda oportunidad, enfocándose en la rehabilitación y la reintegración en lugar del castigo punitivo. Este enfoque es crucial para garantizar que los jóvenes tengan la oportunidad de aprender de sus errores y contribuir positivamente a la sociedad.
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